La CEPAL y la OIT presentaron una nueva publicación conjunta en la que analizan los desafíos laborales a raíz de la pandemia. Las organizaciones indican que la crisis probablemente hará que 11.5 millones de personas más estén desempleadas en América Latina y el Caribe.
Priorizar las políticas de seguridad y salud en el trabajo para que la reactivación de la producción y el empleo después de la crisis de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) pueda ser segura y saludable es fundamental y requerirá la administración conjunta de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, con la participación de empleadores y trabajadores, como base para las políticas de regreso al trabajo, la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostuvieron hoy en una nueva publicación conjunta.
Edición No. 22 del informe Situación del empleo en América Latina y el Caribe. Trabajo en tiempos de pandemia: Los desafíos de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) (mayo de 2020) se presentaron simultáneamente en Santiago, Chile y Lima, Perú, a través de una conferencia virtual de prensa conjunta dirigida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina América y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, y el Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro.
Además de proporcionar estimaciones sobre la dinámica del mercado laboral en los últimos meses, el informe conjunto CEPAL-OIT explora algunas de las políticas implementadas por los países para proteger el empleo formal, salvaguardar los ingresos de los trabajadores en la economía formal e informal y proteger el sector productivo.
Según el documento, la implementación de políticas destinadas a la reactivación requerirá un componente importante de capacitación y educación relacionada con la seguridad y la salud para las personas en el mundo del trabajo. Se necesitarán recursos institucionales y presupuestarios reforzados para garantizar el cumplimiento de tales medidas, que deben incluir buenas prácticas, como la implementación de un protocolo de salud y seguridad en el trabajo que involucre inducciones del personal, la adopción de horarios escalonados para ingresar y salir del trabajo para evitar la aglomeración, rutinas de desinfección y un sistema de lavado de manos, el uso obligatorio de máscaras faciales y un protocolo a seguir en caso de que un trabajador tenga síntomas.
Además, agrega que si la crisis se prolonga con el tiempo, será necesario tomar una nueva ronda de medidas orientadas tanto a proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores como a limitar el impacto en las empresas, con un enfoque especial en grupos vulnerables como como migrantes en situaciones no regularizadas, trabajadores domésticos y cuidadores de personas mayores, trabajadores asalariados y trabajadores por cuenta propia en sectores críticos, y trabajadores de salud en la primera línea de respuesta a COVID-19.
Mirando hacia el futuro, ambos funcionarios de las Naciones Unidas señalan que la crisis está comenzando a forjar numerosos cambios en el mundo laboral que se volverán permanentes con el objetivo de avanzar hacia una “mejor normalidad”. “Las políticas dirigidas a la recuperación no solo deben luchar por una ‘nueva normalidad’ similar a la que existía antes, sino por una ‘mejor normalidad’ con mayor formalidad, equidad y diálogo social”, indicaron Bárcena y Pinheiro.
En términos del contexto actual, la CEPAL y la OIT afirman que la pandemia ha producido fuertes efectos negativos en el mercado laboral, con consecuencias en el sector formal (reducción de horas, una disminución de los salarios y los despidos) y el sector informal (una pérdida de empleo debido al distanciamiento y prohibiciones de movimiento, menos acceso a la compensación de ingresos). Además, advierten que las trabajadoras son las más vulnerables y que los sectores intensivos en mano de obra como el turismo, el comercio, la manufactura, los bienes raíces y el entretenimiento se han visto muy afectados. Además, las pequeñas y medianas empresas que representan el 46,6% de todo el empleo en la región tienen un alto riesgo de quiebra.
Antes de la pandemia, América Latina y el Caribe exhibía un bajo crecimiento, y la peor contracción económica desde 1930 se pronostica para 2020, con una caída en el Producto Interno Bruto (PIB) regional estimado en -5.3%, lo que tendrá efectos negativos en el mercado laboral. Se espera que la tasa de desempleo aumente en al menos 3.4 puntos porcentuales, alcanzando el 11.5%, lo que equivale a más de 11.5 millones de personas sin empleo. Si la contracción económica empeora, la tasa de desempleo será más alta.
Junto con el aumento del desempleo, se espera un marcado deterioro en la calidad del empleo, indica el informe. El trabajo informal es la fuente de ingresos para muchos hogares en América Latina y el Caribe, donde la tasa promedio de informalidad es aproximadamente del 54%, según las estimaciones de la OIT, y esta situación afecta a los grupos más vulnerables.
Mientras tanto, según los cálculos de la OIT, la crisis de salud provocada por COVID-19 y las medidas de confinamiento relacionadas están causando una pérdida de alrededor del 10,3% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año, lo que equivale a 31 millones de empleos a tiempo completo ( basado en una semana laboral de 40 horas).
Esta situación afectará negativamente la dinámica de la pobreza y la desigualdad y el cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030, agregan las organizaciones de la ONU. La CEPAL estima que en 2020 la tasa de pobreza aumentará hasta 4.4 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 2.6 puntos porcentuales en comparación con 2019. Esto significa que la pobreza afectaría al 34.7% de la población latinoamericana (214.7 millones de personas) y la pobreza extrema, 13 % (83,4 millones de personas). También se espera una mayor desigualdad en todos los países de la región, con incrementos de entre 0.5% y 6.0% en el índice de Gini.
El informe reitera que es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como establece la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Además, en paralelo a las políticas laborales, se necesita un sistema de protección social con un enfoque basado en los derechos, que sea sensible a las diferencias e incluya políticas universales, redistributivas y solidarias.